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TERCERA SALA DE LO PENAL, COLUSORIOS Y TRANSITO

JUICIO: 0912320120896
A: VITERI NUÑEZ DIEGO DR., DELEGADO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
Casilla No: 4660

Hago saber: En el juicio GARANTIAS CONSTITUCIONALES por ACCION DE PROTECCION que sigue  HERRERA QUISPE ROBERTO GUSTAVO en contra de  CEVALLOS ALVARES JAIME DIRECTOR REGIONAL 1 DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, TORRES PALLO JORGE PLDQR DE CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS, VITERI NUÑEZ DIEGO DR., DELEGADO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, TEC. AMB. JORGE TORRES PALLO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS se ha dictado la siguiente providencia:

VISTOS: El Teg. Amb. Jorge Torres Pallo, en su condición de Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, entidad demandada; y  el Director Regional 1 de la Procuraduría General del Estado,  por los derechos que representa como Defensor del Estado; interponen recurso de apelación de la sentencia dictada por el señor Juez Primero de Garantías Penales de Galápagos, en su condición de Juez Constitucional, dentro del proceso de esa materia que conociera dicho juzgador en la causa No. 29-2012, resolución que admitió la acción de protección propuesta por el Delegado del Defensor del Pueblo en la Provincia de Galápagos, en representación de Roberto Gustavo Herrera Quispe.- Concedido el recurso, elevados los autos, por el sorteo electrónico reglamentario, según obra de la razón que antecede, la competencia se ha radicad o en esta Sala, al momento integrada por los Conjueces, que hemos sido llamados según las «acciones de personal», que ha suscrito el señor Director Provincial del Consejo de Judicatura,  cuyas copias se mandan agregar a estos autos; por lo que, ejerciendo legítima jurisdicción y competencia, agotada la instancia, hecho el estudio en relación de los autos, por ser el estado de la causa, dictamos sentencia con base a la siguientes consideraciones argumentativas:  PRIMERA: Se ratifica la validez del proceso constitucional; se han respetado las garantías constitucionales del debido proceso, las partes legitimadas en su  momento procesal, ejercieron su derecho a la defensa sin que hubiesen quedado en indefensión. Las omisiones formales que pudieren aparecer,   no influyen en la decisión de la causa.- SEGUNDA: El Tribunal es competente para conocer la apelación, como Sala de Alzada, en materia constitucional, según la previsión contenida en el Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.- TERCERA: Extractando el meollo de la demanda de protección, que se presenta, por parte del Delegado del Defensor del Pueblo en la Provincia de Galápagos, para beneficio de Roberto Gustavo Herrera Quispe, se refiere a que la institución demanda en la  resolución No 7052 CCCRCGG-8-IX-2011,  decidió  «negar la petición presentada por el señor Roberto Gustavo Herrera Quispe y en consecuencia niega la calificación de residente permanente de la Provincia de Galápagos, a favor de Erick Manuel Pillasagua Ocho, por cuanto no cumple con los requisitos que determinan el Art. 222 del Código Civil, Art. 2 de la Ley que regula las uniones de hecho y Art. 26 numeral 2 de la LOREG.  El accionante estima violentados sus derechos constitucionales, de su defendido y señala  que el «Art. 68 de la Constitución permite a parejas del mismo sexo conformar uniones de hecho, las mismas que general los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio».- Que la resolución que se impugna, por esta vía, constituye «un acto de discriminación total y absoluta por la orientación sexual del peticionario, puesto que los miembros del Comité están legislando con dedicatoria contra ellas, lo cual es evidente, ya que en peticiones realizadas por heterosexuales que tienen formalizada su unión de hecho se procede inmediatamente a calificar y otorgar la residencia permanente».-  CUARTA:   A  fs. 27, en el acápite V de su demanda, identifica su pretensión, señalando que en sentencia se declare la vulneración de derechos constitucionales; que se disponga que como consecuencia de la unión de hecho, se le otorgue inmediatamente la residencia permanente a la pareja del Roberto Gustavo Herrera Quispe, el señor Erick Manuel Pillasagua Ochoa, conforme lo estipula la LOREG, en los casos de uniones de hecho, y que se disponga la «reparación inmediata por daño inmaterial ocasionado por el Comité de Calificación y Control de Residencia a Roberto Herrera y Erick Pillasagua por los sufrimientos y las aflicciones causadas, el menoscabo de sus valores, así como la alteraciones ocasionadas en su proyecto de vida al mantenerlo separado de su pareja por más de un año, modificando las condiciones de existencia del afectado»     Dentro de la sustanciación de la acción consta citado el Procurador General del Estado, la obligación legal de contar con el representante jurídico del Estado, por ser la demandada institución del sector público.- QUINTA:  La traba de la litis, y el asunto controvertido se limita si confrontamos las pretensiones del demandado y las excepciones de los funcionarios púbicos sus representantes, quienes han concurrido al juicio; legitimando sus intervenciones y tal como consta de la relación del acta de sustanciación de la acción donde  han presentado sus excepciones, las que se pueden condensar  que negaron la procedencia de la acción de protección intentada, pues la calificaron de improcedente, por cuanto no se ha agotado la vía administrativa ni judicial y que no se ha demostrado que esa vía íea ineficaz; y que lo que reclama el accionante es una declaración de derechos, que no son tutelados por la acción de protección; a lo que dijeron que sobre el tema está pendiente la consulta hecha a la autoridad constitucional competente. La señora abogada de la Procuraduría de su parte expresó que estamos ante un punto de quiebre, pues, por un lado el Art. 68 de la Constitución reconoce la unión estable y monogámica de dos personas, pero se remite a la Ley, en cuanto al lapso, condiciones y circunstancias, que son fijadas por la Ley. Que se tiene dudas en cuanto al alcance y aplicación de la norma principio previsto en la Constitución y que fue por ese motivo que se realizó una consulta a la Corte Constitucional, maximo organismo de interpretación de la Constitución, que no la resuelve y que sin duda su pronunciamiento es de vital importancia, para resolver este caso singular y los que a futuro se presenten.  De su parte,   el accionante se ratificó en las manifestaciones contenidas en su demanda y en los fundamentos de hecho y de derecho que según su expresión, la sustentan.     SEXTA:   La acción de protección, según el Art. 88 de la Constitución, «tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales».  Por su parte, la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional;  en sus Arts. 39 al 42 defineóque la «acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no están amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinario de protección y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena.».-     Las circunstancias de procedilidad ineludibles e inexcusables para la eficacia jurídica de esta clase de acciones  de protección de derechos, constan en el Art. 40 de la Ley de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, que reza: «la acción de protección se podrá presentar  cuando concurran los siguientes requisitos: 1) Violación de un derecho constitucional; 2) acción u omisión de autoridad píblica o de un particular de conformidad con el artículo siguiente; y 3) inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado».  SEPTIMA: En el caso del examen, el accionante, que propone esta demanda en beneficio de Roberto Gustavo Herrera Quispe, pretende por esta vía constitucional, se resuelva y se deje sin efecto el acto administrativo o Resolución No. 7052, del Comité de Caéificación y Control de Residencia del Consejo de Gobierno de Galápagos,  que ejerciendo sus competencias de «control de la residencia» en esa Provincial Insular, negó la petición de otorgar la calificación de residente permanente de la provincia de Galápagos, a favor de Erick Manuel Pillasagua Ochoa, por cuanto no cumple con los requisitos que determinan el Art. 222 del Código Civil, Art. 2 de la Ley que Regula las Uniones de hecho y Art. 26 numeral 2 de la LOREG.-    Entonces tal como se ha trabado la litis, corresponde al Tribunal examinar si esa negativa constituye un acto que vulnere los derechos protegidos de quien a su favor se ha deducido esta acción. Se invoca como fundamento constitucional de la pretensión del beneficiado con la acción, el Art. 68 de la Constitución, mismo que a la letra, declara que «la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho; por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio».-  Del principio o  declaraciñn constitucional se  puede advertir que tiene rango constitucional toda unión estable y monogámica entre dos personas, sin que interese su sexualidad; pues, es verdad de Perogrullo que todos los seres humanos somos personas sin ninguna otra distinción.-  De otro lado, el ejercicio de los derechos garantizados, se los podrá hacer, promover y exigir en forma individual y colectiva ante las autoridades competentes, que garantizarán su cumplimiento; como se define en el No. 1 del Art. 11 constitucional. Por la definición del Art. 424 constitucional, se precisa que la «Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico», y que las «normas y actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica».  OCTAVA:  Como obra del caso que se juzga, la decisión administrativa contenida en la Resolución No. 7052, del Comitó de Control de Residencia del Consejo de Gobierno de Galápagos,  que negó el estatuto de calificar o mejor de negar la condición de residente permanente, al conviviente o pareja de hecho estable del peticionario Roberto Gustavo Herrera Quispe, indudablemente constituye una decisión que si vólnera los derechos constitucionales de la familia que tiene constituida con Erick Manuel Pillasagua Ochoa; tomando en cuenta que si bien la Ley que Regula las Uniones de Hecho, en su Art. 2; las define como aquellas que surgen de la convivencia entre hombre y mujer; esa norma como la del Art. 222 del Código Civil, ambas son de jerarquía ordinaria, pertenecen al mundo normativo infraconstitucional, que en esencia se contraponen con la declaración del principio  del Art. 68 de la Constitución, que es norma suprema y que confrontándolas quedan sin sustento en el propio ordenamiento jurídico nacional; pues, por la fuerza del Art. 424 citado, y al ser contradictorias, estas de inferior rango normativo «carecerán de eficacia jurídica»; que es el caso materia del contencioso.- NOVENA: Por lo mismo, carece de eficacia jurídica la Resolución nómentada No. 7052, pues en ella aparece nítido un discrimen inaceptable y vulnerante de la norma constitucional que declara que «todas las personas son iguales y gozarón de los mismos derechos y oportunidades» (No. 2 del Art. 11)  y que «nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-econámica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos. La ley sancionárá toda forma de discriminación.».- DECIMA:  Existe prueba que respecto del meollo del contencioso, se ha elevado una petición de consulta que hace el Presidente del Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos,   a la Corte Constitucional, como aparece del oficio (fs. 38 a 42),  dirigido al Presidente de la Corte Constitucional, fechado 22 de noviembre de 2012, consulta al máximo organismo  requiriéndolo en relación sobre la vigencia del Art. 68 Constitucional, cuando no se reforma el Código Civil, que reconoce la unión estable y monogámica que formen dos personas de distinto sexo; pues, según allá se expresa es criterio institucional «que en nuestro país, mientras no se reforme el Código Civil, se reconoce la unión estable y monogámica que formen dos personas de distinto sexo, en los términos dispuestos por el Art. 222 y siguientes de la Codificación del Código Civil».-  Sin embargo, la Corte Constitucional consultada, lamentablemente, hasta la presente fecha, no se ha pronunciado respecto de los términos de la antes referida consulta.-  No obstante lo que aquí se dice, esa omisión del organismo que obligadamente debe pronunciarse en la consulta requerida, nos permite formar criterio que si bien el acto administrativo impugnado por esta vía constitucional, puede serlo en la vía contencioso administrativa, esta circunstancia omitiva injustificada de más de noventa días; de la Corte Constitucional, nos permite establecer que la vía escogida constitucional, es la valida y eficaz para dilucidar el fondo de la cuestión, y enerva la excepción propuesta por los demandados de improcedencia de la acción, que por lo mismo, debe ser atendida por el juez constitucional, como garante del respeto a los derechos protegidos, y como controlador de la eficacia aplicativa de la propia Constitución.- DECIMA PRIMERA: Es la propia norma constitucional, que exige que deben ellas ser interpretadas por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad, y que en caso de duda, se interpretaron en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente y de acuerdo a los principios generales de la interpretación constitucional, tal como lo actúa el Art. 427.- En consecuencia, al juzgador como parte de su obligación de control de la Constitución y de su aplicación, en el caso que se juzga, debe declarar que existe en la resolución No. 7052, notificada al interesado, el 12 de diciembre de 2011,  del Comité de Calificación de Residencia, al haber negado el estatuto de residencia permanente gestionado por Roberto Gustavo Herrera Quispe en favor de su conviviente, con el cual, ha probado mantiene una unión de hecho, una vulneración a los derechos constitucionales de ambos, que han probado, según lo permite el Art. 68 dela Constitución,  constituyen una familia; fracturas constitucionales que deben ser enmendadas por la vía constitucional escogida que se declara eficaz y válida.- Lo anterior por lo tanto, solo implica para el Tribunal, el ejercicio de su facultad de control constitucional, que le exige la propia norma suprema.-  Si la ley máxima no distingue, nadie puede distinguir, y menos restringir su alcance por vía de interpretación subjetiva.-   DECIMA SEGUNDA: Resolución: Con los razonamientos de hecho  y de derecho que se dejan analizados, como suficiente motivación;  esta Tercera Sala de Garantías Penales, de la Corte Provincial de Justicia del Guayas en funciones de Tribunal de Alzada Constitucional;   «Administrando Justicia en Nombre del Pueblo Soberano del Ecuador; por Autoridad de la Constitución y las leyes de la República», desecha los recursos de apelación interpuestos,  y al advertir correctamente aplicado el derecho y la justicia, por parte del señor Juez Constitucional de Primera Instancia, confirma en todas sus partes la sentencia recurrida,  que admite la acción de protección constitucional objeto del contencioso y declara con lugar la demanda. Notifíquese. Copia de esta resolución ejecutoriada, cúmplase con enviársela a la Corte Constitucional, como lo manda el Art. 25 inc. 1� de la LOGJCC. Devuélvase el expediente al juzgado de origen, para que se ejecute lo pendiente. Cúmplase.

El Secretario(a)

CORDOVAW

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Gay couple Galapagos – Resolution

Silueta X Association is pleased to announce that we have been informed by the Ombudsman of Guayas and Abgda represented. Maria Jose Fernandez, who states that the Third Criminal Chamber of Guayas, dismisses the appeal brought by the Governing Council of Galapagos, and in turn confirms the decision of the first instance.

Thus with organizations that were present, Miscellaneous Ecuador, Association Silhouette X, Association Lesbian M & M, we report pleased the resolution by the Third Board of Criminal Guayas, which shows that judicial proceedings are encaminandoce the recognition of LGBT human rights constitutionally established.

Best Regards

Diane Rodriguez

Then the History.

———- Forwarded message ———-
From: María José Fernández <mfernandez@dpe.gob.ec>
Date: April 1, 2013 19:59
Subject: Fwd: Notification process: 0912320120896
To: Silhouette Mesh X <siluetax@gmail.com>

Dear friends:

By this way, I would refer the notification laTercera Criminal Chamber of Guayas, which is discarded by the appeal intepuesto by the Governing Council of Galapagos and ratifies the decision of first instance.

We won friends and girlfriends The Ombudsman committed to her work.

Thanks a lot for the support.

A hug.

Maria Jose

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Subject: Notification process: 0912320120896
REPUBLIC OF ECUADOR

Third Criminal Division, collusive AND TRANSIT

TRIAL: 0912320120896
A: VITERI NUÑEZ DIEGO DR., DELEGATE OF THE OMBUDSMAN
Box No: 4660

I know: At trial constitutional guarantees protection action following GUSTAVO HERRERA ROBERTO QUISPE against CEVALLOS ALVARES REGIONAL DIRECTOR JAMES 1 OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE STATE, Pallo JORGE TORRES PLDQR OF GOVERNING COUNCIL OF THE GALAPAGOS Special Scheme, VITERI NUÑEZ DIEGO DR., delegate of the Ombudsman, TEC. AMB. JORGE TORRES Pallo, PRESIDENT OF GOVERNING COUNCIL OF THE GALAPAGOS special scheme has issued the following ruling:

VIEWED: The Teg. Amb Pallo Jorge Torres, in his capacity as Chairman of the Governing Council of the Special Regime Galapagos respondent company, and one of the Regional Director of the State Attorney General, representing the rights of the State as Defender, filed a writ of appeal the judgment of the Lord Chief Justice of Criminal Galapagos, in his capacity as Judge Constitutional process within this field who knew the judge in case No. 29-2012, a resolution that admitted the action of protection given by the Deputy Ombudsman for the Province of Galapagos, representing Gustavo Herrera Roberto Quispe. – Granted the appeal, elevated cars, by electronic draw regulatory work of reason as above, the competition has radicad or this Court, composed upon the Bench, who have been called according to «personnel actions» which has signed Mr. Chief Provincial Judicial Council, copies are sent to add to these cars, so that legitimate exercise jurisdiction and competition, exhausted the instance, the study done on the car, as the status of the case, dictate judgment based on the following considerations argumentative: FIRST: It confirms the validity of the constitutional process; been respected constitutional guarantees of due process, the legitimate parties at the time proceedings, exercised their right to defense had been left without defenseless. The formal omissions that may appear, do not influence the decision of the case. – SECOND: The Court has jurisdiction to hear the appeal, as Board of Appeals, in constitutional matters as the provision contained in Article 24 of the Organic Law Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control. – THIRD: extracting the essence of the demand for protection, which is presented by the Deputy Ombudsman for the Province of Galapagos, for the benefit of Gustavo Herrera Roberto Quispe, refers to the institution demands in resolution 7052 No CCCRCGG-8-IX-2011, decided «to deny the petition filed by Mr. Gustavo Herrera Roberto Quispe and thus denies the status of permanent resident of the Province of Galapagos, for Erick Manuel Pillasagua Eight , because it does not meet the conditions determining the Civil Code Article 222, Section 2 of the Act governing domestic partnerships and Article 26 paragraph 2 of the LOREG. The plaintiff believes his constitutional rights violated, their defended and notes that the «Art 68 of the Constitution allows same-sex couples to form unions, generally the same as the rights and obligations of families formed by marriage. «- That the resolution at issue, in this way, is» an act of complete and utter discrimination by sexual orientation of the petitioner, since the members of the Committee are legislating against them with dedication, which is obvious, since in requests made by heterosexuals who have formalized their union in fact proceeds to qualify and grant permanent residence. «- FOURTH: A fs. 27, in section V of its application, identifies his claim, noting that a judgment declaring the violation of constitutional rights, which are available as a result of the union, is immediately granted permanent residence to partner Gustavo Herrera Roberto Quispe, Mr. Erick Pillasagua Manuel Ochoa, as stipulated in the LOREG, in the case of partnerships, and providing for the «immediate repair pecuniary damage caused by the Qualification and Control Committee Residency Roberto Herrera and Erick Pillasagua by the suffering and distress caused, the erosion of values ​​and the alterations caused in their life plan to keep it separate from your partner for over a year, changing living conditions of the affected «In the determination of the action has cited the Attorney General, the legal obligation to have the State’s legal representative, as the defendant public sector institution. – FIFTH: The work of the litis, and the controversial issue is limited if we confront the claims of the defendant and the exceptions of pubic officials their representatives, who have attended the trial; legitimize its interventions and as stated in the minutes of the relationship substantiation of action which have submitted exceptions, which can be condensed to deny the validity of the protective action attempted, as described as unlawful since not exhausted the administrative or judicial, and has not been shown that this pathway IEA ineffective, and that what claims the plaintiff is a bill of rights, which are protected by the protective action, to what they said on the issue is pending the consultation with competent constitutional authority. Mrs. lawyer’s Advocate stated its that this is a turning point, because, on the one hand Article 68 of the Constitution recognizes the stable and monogamous union of two people, but refers to the Act as to period, conditions and circumstances, which are set by That is the law in doubt as to the scope and application of the standard principle provided in the Constitution and it was for that reason that made an inquiry to the Constitutional Court, the highest body of interpretation of the Constitution, which does not resolve and no doubt his statement is vital to solve this case and that singular future arise. For his part, the plaintiff was ratified in the statements contained in the application and in the factual and legal by expression is based. SIXTH: The protective action, according to Article 88 of the Constitution, «shall be to the direct and effective protection of the rights recognized in the Constitution and may be brought where there is a violation of constitutional rights.» For Meanwhile, the Law of Guarantees Jurisdictional and Constitutional Control, in its Arts. 39 to 42 defineóque the «protective action shall aim at the direct and effective protection of the rights recognized in the Constitution and international human rights treaties, which are not covered by habeas corpus, access to public information, habeas data, by default, special protection and special protection of indigenous justice decisions. «. – The circumstances of procedilidad inescapable and inexcusable for the legal effectiveness of this shares rights protection, contained in Article 40 of the Constitutional Law and Constitutional Control, which reads: «protective action may be filed where the following requirements: 1) Violation of a constitutional right, 2 ) action or inaction of authority píblica or individual in accordance with the following article, and 3) no other adequate legal defense mechanism and effective to protect the right violated. «SEVENTH: In the case of the examination, the plaintiff, who proposes this lawsuit on behalf of Gustavo Herrera Roberto Quispe, constitutional aims in this way, is resolved and annul the administrative act or Resolution No. 7052, the Control Committee and Resident Caéificación Governing Council of Galapagos, which exert their powers of «internal control» in the Provincial Insular, denied the request for granting the status of permanent resident of the province of Galapagos, for Pillasagua Erick Manuel Ochoa, because they did not meet the requirements that determine the Art 222 of the Civil Code, Article 2 of the Law Regulating domestic partnerships and Article 26 paragraph 2 of the LOREG. – So as has locked the litigation, the Court must examine whether the refusal is an act that violates the who protected rights in their favor this action has been deducted. Invoked as constitutional basis of the claim of the action benefited, Article 68 of the Constitution, the same as the letter states that «the stable and monogamous union between two people free marriage forming a de facto family, for the period and the conditions and circumstances under which the law will generate the same rights and obligations of families formed by marriage. «- the principle or constitutional declaraciñn can note that has constitutional status all stable and monogamous union between two people, without regard for their sexuality is therefore truism that all human beings are persons without any other distinction. – On the other hand, the exercise of the rights guaranteed, they are able to make, promote and enforce individually and collectively to the competent authorities, which shall ensure compliance, as defined in Article 11 No. 1 of the Constitution. By the definition of Article 424 of the Constitution, states that the «Constitution is the supreme law and prevails over any other legal system,» and that «rules and acts of public authority shall maintain compliance with the Constitution, otherwise will have no legal effect.» EIGHTH: As a work of the case is judged, the administrative decision in Resolution No. 7052, the Committee for Control of Private Governing Council of Galapagos, which denied the status of rating or better to deny permanent residency status, the partner or unmarried partner stable Gustavo Herrera petitioner’s Roberto Quispe, undoubtedly constitutes a decision that if vólnera the constitutional rights of the family that has incorporated Pillasagua Erick Manuel Ochoa, taking into account that while the law regulating domestic partnerships, in Article 2; defined as those that arise from the coexistence between man and woman, that standard as Article 222 of the Civil Code, both are ordinary hierarchy belong to the infra-normative world, which in essence are opposed to the statement of the principle of Art . 68 of the Constitution, which is supreme law and that are confronting them without support in the national legal order itself, for, by force of Article 424 above, and being contradictory, these lower range of policy «will have no legal effect» , which is the subject of contentious case. – NINTH: For the same reason, no legal effect nómentada Resolution No. 7052, as it appears sharp and unacceptable discrimination Vulnerant one of the constitutional provision which states that «all persons are equal and enjoyed the same rights and opportunities «(No. 2 of Article 11) and that» no one shall be discriminated against on grounds of ethnicity, place of birth, age, sex, gender identity, cultural identity, marital status, language, religion, ideology, political affiliation, legal, socio-econámica, immigration status, sexual orientation, health status, carry HIV, disability, physical difference, temporary or permanent, which has the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment and exercise of rights. The law shall punish any form of discrimination. «. – TENTH: There is evidence about the heart of the dispute, has raised a query request made by the President of the Governing Council of Galapagos Special Scheme, to the Constitutional Court, as appears the office (pages 38-42), to the President of the Constitutional Court, dated November 22, 2012, requiring him consulting the governing body regarding the validity of Section 68 of the Constitution, if not reform the Civil Code, which recognizes the stable and monogamous union to form two persons of different sex, for, as there is institutional criterion is expressed «that in our country, while not reform the Civil Code recognizes the stable and monogamous union forming two people of different sex, in the terms provided by Article 222 and following of the Civil Code Encoding. «- However, the Constitutional Court consulted, unfortunately, to this date, has not commented on the terms of the consultation referred to above . – Notwithstanding what is said here, that omission of the body which necessarily must decide on the required consultation allows us to form criteria that although the contested administrative act this way constitutional, it may be in the contentious administrative, this circumstance omitiva unjustified over ninety days of the Constitutional Court, we can establish that the means chosen constitutional, valid and effective is to elucidate the merits, and enervates the objection raised by the defendants of inadmissibility of the action, which the same, must be addressed by the constitutional court, as guarantor of respect for the rights protected, and as controller applicative efficacy of the Constitution. – ELEVEN: It’s own constitutional provision, which requires that they must be interpreted by the wording that best suits the Constitution in its entirety, and if in doubt, be interpreted in the sense most favorable to the full enjoyment of the rights and best respects the will of the constituent and according to the principles general constitutional interpretation, acts as Art 427. – Consequently, the judge as part of its obligation to control the Constitution and its application, if it is judged, must state that exists in the resolution No. 7052, served on the applicant, on December 12, 2011, the Residency Qualifications Committee, having denied permanent residence status managed by Roberto Quispe Gustavo Herrera for his partner, with which has proven maintains a union, a violation of the constitutional rights of both, who have tried, as permitted dela Constitution Article 68, constitute a family constitution, which must be amended by the constitutionally chosen declaring effective and valid. – This therefore implies only to the Court, exercising its power of constitutional, that demands the very highest standard. – If the law does not distinguish high, no one can tell, and less restricting it by interpretation subjective. – TWELVE: Resolution: With the arguments of fact and law that are left analyzed, as sufficient motivation, this Third Board of Criminal, Provincial Court of Justice of Guayas acting Constitutional Court of Appeals, «Managing Justice on behalf of the Sovereign People of Ecuador, by authority of the Constitution and laws of the Republic «, dismisses the appeals filed, and the notice correctly applied the law and justice, by Mr. Judge Constitutional First Instance, confirmed in its entirety the judgment, which supports constitutional protection action and contentious subject of the suit declares. Notifíquese. Copies of this resolution executory, it be done with send it to the Constitutional Court, as mandated by Article 25 inc . 1 of LOGJCC. refunded the case to the court of origin, to run the slope. ENFORCED.

The Secretary (a)

CORDOVAW