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Fuente: http://www.eluniverso.com/2013/04/21/1/1447/derechos-ellos-reclaman.html   

El GLBTI, colectivo que gana espacios

Grupos autodenominados provida y proderechos discrepan al defender lo que consideran sus derechos. Ambos dicen que la Constitución se los garantiza; y que unos u otros tratan de vulnerarlos. Hablan de igualdad. Pertenecen a las comunidades GLBTI y a los supuestos opositores. Estos últimos cuestionan los cambios propuestos a las leyes, como a la del Registro Civil vigente, en la cual se quiere reemplazar la palabra sexo por género.

La historia de discriminación de la población GLBTI (Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex) en Ecuador es larga, pero la historia de reivindicaciones aún es muy corta”. Así piensa María, una lesbiana de 24 años que no revela su apellido para evitar el enojo o la decepción de su padre, que es policía.

Ella dice no estar preparada para hacer pública su opción sexual. Aunque entiende que lo único que la diferencia de los demás es “lo que sucede de la puerta de su dormitorio hacia adentro”, cree que es mejor tener un “perfil bajo” porque la sociedad, dice, juzga, señala y aísla a quienes no viven dentro de su “idea de normalidad”.

El reclamo público de los derechos de estos colectivos, en donde se incluye a los Intersex (antes llamados hermafroditas por tener físicamente los dos sexos), empezó en 1997 cuando se despenalizó a la homosexualidad, que castigaba con prisión a quienes la practicaban, según el Código Penal.

Esa victoria, cuenta Diane Rodríguez, presidenta de Silueta X (asociación de GLBTI), dio origen a la primera marcha pública denominada del Orgullo Gay, realizada en Quito en 1998; y en los últimos años, a la inclusión en diversos cuerpos legales de la no discriminación por orientación sexual, la inclusión de la identidad de género; la legalización de las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, la tipificación de crímenes de odio por orientación sexual…

Diane Rodríguez, quien fue la primera candidata transexual que participó en una elección (2013) para asambleísta en el Ecuador, sostiene que las peticiones que se hacen van más allá de actualizar las normativas secundarias con la Constitución o acuerdos internacionales.

La mayor razón que motiva a los colectivos GLBTI es la lucha por sus derechos. En el camino han tenido logros y derrotas, afirman cuatro representantes de estos grupos que conversaron con este Diario en las ciudades de Quito y Guayaquil, las que registran mayor activismo en favor de estos grupos.

Entre los aciertos, consideran el acceso a la educación fiscal sin restricción para ciudadanos como Tania, una transexual de 24 años, a quien en un colegio nocturno de Guayaquil le exigían vestirse como hombre y cortarse el cabello para aceptar su matrícula, ya que su sexo de nacimiento era masculino.

También están aquellos pedidos que no pasaron, como la sentencia desfavorable que en el 2012 recibieron las inglesas Nicola Rothon y Helen Bicknell, al pedir que inscriban a Satya, la hija biológica de Rothon (por inseminación artificial), con el apellido de ambas como madres. La acción no prosperó porque se determinó que en la ley ecuatoriana no existe la doble afiliación materna o paterna.

En Ecuador no hay cifras oficialmente sobre la población GLBTI, ni estudios o encuestas que indiquen en qué ciudades se encuentran; en qué condiciones viven o cuántas agrupaciones de este tipo existen.

La página web de la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género (creado como ente gubernamental en el 2009) señala que 19 organizaciones GLBTI están inscritas en el país. En Quito hay 10; en Guayaquil, 6; y en Salinas, Cuenca y Machala cuentan con una organización, respectivamente. Diane Rodríguez dice que son más.

Por ello, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con apoyo de organizaciones GLBTI, inició en noviembre del 2012 una encuesta sobre las condiciones de vida de esta población, cuyos resultados se conocerán en junio próximo.

En septiembre pasado, activistas y colectivos GLBTI propusieron una reforma a la Ley del Registro Civil vigente, que tramita la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea. La principal modificación es que en la cédula de ciudadanía se cambie la palabra sexo por género. Para la población trans el género es una categoría mucho más amplia, que permite identificar la opción sexual con la que una persona se define.

El sexo, creen las agrupaciones proponentes, debería ir en la ficha de identificación (partida de nacimiento) y no en el documento de ciudadanía.

“A nadie le afecta el que yo elija colocar masculino o femenino en mi cédula. Es mi identidad y mi derecho”, señala Rodríguez, quien indica que esto no afectará a los heterosexuales, que mantendrían su condición.

También se coloca una disposición transitoria a ser incluida en el Código Civil, específicamente en el artículo 222, que habla de las uniones de hecho. En el texto se reemplazan las palabras “hombre y mujer” por la de “dos personas”.

La Comisión de Gobiernos Autónomos continúa con la discusión para estructurar el informe para segundo debate. Al estar a puertas del término de este periodo de la Asamblea (14 de mayo) se prevé que será la próxima la que dé conclusión a esta posible reforma.

Diana Atamaint, asambleísta de PK y miembro de la mesa de Gobiernos Autónomos, apunta que lo que se ha hecho es poner a tono con la nueva Constitución y los convenios internacionales “una legislación vetusta, cargada de prejuicios y tabúes”. Recalca que ella como indígena conoce de la discriminación, el aislamiento y la negación de derechos que viven minorías como la GLBTI.

Sin embargo, hay grupos que cuestionan estos cambios.

Isabel María Salazar, directora nacional de la iniciativa ciudadana 14 Millones, Vida Familia y Libertad, piensa que esta propuesta, así como otras entregadas por los GLBTI y el feminismo extremo, atentan contra el “enfoque de familia” que debería prevalecer en las políticas públicas.

Salazar considera que se podría provocar inseguridad jurídica con estos cambios y que el fin último de las acciones GLBTI es abrir la puerta al matrimonio entre homosexuales y la posibilidad de que dos personas del mismo sexo adopten.

La iniciativa denominada 14 Millones envió, en abril pasado, una carta a la mesa de Gobiernos Autónomos respaldada por casi 43 mil firmas. Ahí se oponen a los cambios propuestos por los grupos trans.

Posibles abusos que nazcan del mal uso de este cambio en el Registro Civil. Problemas en el sistema de salud pública originados al desconocer al transexualismo como uno de los trastornos mentales categorizados por la Organización Mundial de la Salud. Y crisis en la estructura familiar son, entre otros, los argumentos con los que este grupo esgrime para sostener su oposición.

No obstante, representantes de los colectivos GLBTI recalcan que no habría inseguridad jurídica porque el número de cédula, que es único, no variará, y con ello, la gente deberá de asumir todas las responsabilidades que ha adquirido.

El director Nacional del Registro Civil, Jorge Montaño, dice que la institución no tiene una posición ni a favor, ni en contra de los cambios que se proponen desde los colectivos GLBTI. Sostiene que los asambleístas que trabajan en la reforma deben analizar técnicamente qué datos quedan y qué datos se aumentan a la cédula de identidad o ciudadanía. Para él este documento no puede transformarse en una especie de “memoria flash”, donde se pueda almacenar toda la información de preferencias, por ejemplo, políticas, religiosas, culturales, deportivas, de los ciudadanos.

“Insisto, el documento de ciudadanía e identificación tiene un objetivo que es identificar a una persona. La pregunta que yo hago es: ¿registrar tendencias es identificar?”, se pregunta.

Elizabeth Vásquez, asesora legal de la plataforma Mi Género en Mi Cédula (pro GLBTI), califica a los argumentos de los grupos contrarios como llenos de dogmas y desconocimiento, incluso, en temas legales.

Niega que las propuestas hechas exijan derechos especiales para la comunidad GLBTI, abran la posibilidad del matrimonio homosexual o generen inseguridad jurídica. Recalca que la propia Constitución y las leyes secundarias de la República son las que ponen los límites en estos temas o a un abuso de un derecho en esencia.

Pese al avance de leyes y de acciones en favor de los colectivos GLBTI, las denuncias por incumplimiento de las leyes se multiplican. Muchos aseguran ser discriminados por su orientación sexual tanto en dependencias públicas como privadas.

Algunos ciudadanos GLBTI afirman que aún se les niega derechos universales, como atención en salud, acceso a educación y a un empleo.

Romina Contreras, de 30 años; Andrea Bravo, de 26 años, y Cristina (nombre protegido), de 20, quien estudia Marketing y Publicidad, conocen de cerca el rechazo laboral. Las tres fueron rechazadas y despedidas de sus trabajos al conocer que son transgéneros. El sexo Masculino, que dice en sus cédulas, las delata, pese a su apariencia física, que es femenina.

Diana Maldonado, coordinadora Técnica de Silueta X y activista lésbica, tuvo que interponer acciones legales (con su abogada particular) para que una jueza acepte su unión de hecho con su pareja europea.

Ella cuenta que en octubre pasado 6 notarías en Guayaquil le rechazaron su unión de hecho, alegando preceptos religiosos y no la Constitución. Lo mismo le sucedió cuando fue a pedir la visa de amparo para su pareja. Y cuando fue al Registro Civil estatal. No es la única. Historias hay muchas. En la Defensoría del Pueblo regional Guayaquil se presentaron unas 20 denuncias durante el año pasado por posible discriminación por preferencias sexuales, refiere María José Fernández, delegada provincial de la Defensoría del Pueblo. Y en lo que va del 2013, esta instancia ha intervenido en más de diez casos.

Uno de los que recuerda Fernández es un caso que sucedió en Galápagos. Allá el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos negó el derecho de residencia permanente a la pareja de un residente, al no avalar su unión de hecho.

Hay más denuncias. En una se menciona que una servidora pública obligaba a una trans a retirarse el maquillaje, a quitarse los aretes y a recogerse el cabello para poder tomarle la foto y darle la cédula.

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Source: http://www.eluniverso.com/2013/04/21/1/1447/derechos-ellos-reclaman.html

The GLBTI, winning collective spaces

Groups calling themselves pro-life and PRODERECHOS disagree to defend what they consider their rights. Both say that the Constitution guarantees them, and that one or the other try to violate them. They talk about equality. They belong to GLBTI communities and suspected opponents. The latter question proposed changes to the laws, and to the current Civil Registry, which is to replace the word sex by gender.

The history of discrimination against the LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Transsexual, Transsexual and Intersex) in Ecuador is long, but the story claims it is too short. «Just think Mary, a 24 year old lesbian does not reveal his last name to avoid anger or disappointment of his father, who is a policeman.

She says he is not prepared to make public their sexuality. While understanding that the only difference from others is «what happens in the bedroom door in,» believes it is better to have a «low profile» because society says, judges, notes and isolates those who do not live within their «idea of normality».

The public demand for the rights of these groups, where it includes the Intersex (formerly called hermaphrodites have both sexes physically), began in 1997 when he decriminalized homosexuality, punishing with imprisonment those who practiced it, according to the Penal Code.

Diane Rodriguez, who was the first candidate transsexual who participated in an election (2013) for Assemblyman in Ecuador, argues that the requests that are made to upgrade beyond secondary legislation with the Constitution or international agreements.

The biggest reason that motivates GLBTI groups is fighting for their rights. On the way have had successes and failures, say four representatives of these groups who spoke to this newspaper in the cities of Quito and Guayaquil, those with the greater activism on behalf of these groups.

Among the successes, consider access to education for citizens unrestricted tax as Tania, a transsexual, 24, who in Guayaquil night school required him to dress as a man and a haircut to accept their registration as sex of birth was male.

There are also those who did not pass orders as unfavorable judgment in 2012 received the English Nicola Rothon and Helen Bicknell, when asking enrolling Satya, Rothon biological child (by artificial insemination), with the surname of both as mothers . The action was unsuccessful because it was determined that there Ecuadorian law double maternal or paternal affiliation.

In Ecuador there are no official figures on the GLBTI population or studies or surveys that indicate what cities are, under what conditions they live or how many groups there are.

The website of the Transition Commission to the Council of Women and Gender Equality (created as a government agency in 2009) indicates that 19 GLBTI organizations are registered in the country. In Quito there are 10, in Guayaquil, 6, and in Salinas, Cuenca and Machala have an organization, respectively. Diane Rodriguez said to be more.

Therefore, the National Institute of Statistics and Census (INEC), with the support of GLBTI organizations, launched in November 2012 a survey on the living conditions of this population, the results will be announced in June.

Last September, LGBTI activists and groups proposed an amendment to the current Civil Registry Law, which handles Self-Government Commission of the Assembly. The main change is that the certificate of citizenship is the word sex change gender. For trans people, gender is a much broader category, which identifies sexual choice with which a person is defined.

Sex, proponents believe groups should go in the identification form (birth certificate) and not the citizenship document.

«Nobody I choose affect male or female put in my card. Is my identity and right, «said Rodriguez, who said that this will not affect heterosexuals, they would maintain their condition.

It also places a transitional provision to be included in the Civil Code, specifically Article 222, which speaks of the unions. In the text, replace the words «man and woman» by «two people».

Self-Government The Commission continues the discussion to structure the report for the second debate. Being at doors end of this period of the Assembly (May 14) is expected to be the next one to give conclusion to this possible reform.

Diana Atamaint, PK Assemblyman and member of the Self-Government table, notes that what has been done is put in line with the new Constitution and international conventions «hoary legislation, full of prejudices and taboos». Stresses that she knows as indigenous discrimination, isolation and denial of rights suffered as the GLBTI minorities.

However, there are groups who question these changes.

María Isabel Salazar, national director of the ECI 14 Million, Family Life and Liberty, believes this proposal and other GLBTI and delivered by extreme feminism, undermine the «family approach» that should prevail in public policy .

Salazar believes that it could lead to legal uncertainty with these changes and that the ultimate goal is GLBTI actions open the door to gay marriage and the possibility that two people of the same sex to adopt.

The initiative called 14 Million sent last April, a letter to the Regional Governments table backed by nearly 43 thousand signatures. Here are opposed to the changes proposed by trans groups.

Possible abuses born of misuse of this change in the registry office. Problems in the public health system caused by ignoring transsexualism as one of mental disorders categorized by the World Health Organization. And crises in family structure are, among others, the arguments with which this group wields to support their opposition.

However, representatives of the LGBTI groups would emphasize that legal uncertainty because the ID number, which is unique, is not changed, and with it, people will assume all the responsibilities you have purchased.

The National Director of the Civil Registry, Jorge Montaño, said that the institution does not have a position either for or against the proposed changes from GLBTI groups. Assembly argues that working in the reform must technically analyze what data is and what data is increasing at an identity card or citizenship. For him, this document can not be transformed into a kind of «flash memory», where you can store all the information preferences, for example, political, religious, cultural, sports, citizens.

«Again, the citizenship and identity document has an objective that is to identify a person. The question that I do is: record trends to identify? «Asks.

Elizabeth Vasquez, Legal Advisor platform My Gender in My Schedule (pro GLBTI), qualifies the arguments of the opposing groups as full of dogma and ignorance, even legal issues.

He denies that the proposals made demand special rights for GLBTI community, opening the possibility of gay marriage or generate legal uncertainty. Stresses that the Constitution and laws of the Republic side are putting limits on these issues or an abuse of a right in essence.

Despite the progress of laws and actions for GLBTI groups, complaints of noncompliance with laws multiply. Many claim to be discriminated against for their sexual orientation in both public and private agencies.

Some claim that GLBTI citizens are still denied universal rights as health care, access to education and employment.

Romina Contreras, 30, Andrea Bravo, 26, and Cristina (name withheld), 20, who is studying Marketing and Advertising, known working closely rejection. The three were rejected and dismissed from their jobs to know they are transgender. Male sex, it says on their ballots, the reveals, despite its appearance, it is feminine.

Diana Maldonado, Technical Coordinator Silhouette X and lesbian activist, had to take court proceedings (with its private lawyer) for a judge accepts his law marriage with European partner.

She noted that in October 6th notary in Guayaquil will rejected his union, alleging religious precepts and not the Constitution. The same thing happened when he went to ask for protection visas for your partner. And when was the State Vital Records. It’s not the only one. Stories are many. In the regional Ombudsman Guayaquil there were about 20 complaints over the past year for possible discrimination by sexual preference, refers María José Fernández, provincial delegate of the Ombudsman. And so far in 2013, this instance has appeared in more than ten cases.

One who remembers Fernandez is a case that happened in the Galapagos. Beyond the Governing Council of Galapagos Special Regime denied the right of permanent residence of a resident partner, not support your union.

There are more complaints. In one mentioned a public servant forced to cross them off the makeup, to take off the earrings and hair collected in order to take the photo and give you the card.