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La exclusión de los GLBTI es más fuerte en espacios privados.
A unos dejaron de hablarles, los excluyeron de reuniones familiares, les negaron recursos para estudiar o incluso los expulsaron de sus casas. A otros, les impusieron ir a un psiquiatra, sacerdote o pastor o les obligaron a tener una pareja para “curarlos” de su orientación sexual.
A César, que prefiere mantener su nombre real en reserva, sus padres lo ignoraron durante meses, dejaron de ayudarlo para comprar un departamento y le dijeron que preferían haberse muerto antes de saber que su hijo de 31 años era gay. A Mario, ahora de 29 años, sus padres lo llevaron engañado a una terapia psicológica y lo dejaron en una clínica de rehabilitación, donde lo sumergían en una tina con cubos de hielo como terapia para “combatir” su homosexualidad. Mes y medio después lo sacaron bajo la promesa de que iba a dejar de ser gay. Once años después mantiene su orientación.
Los casos evidencian diferentes formas de control, rechazo, imposición o violencia que Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersex (GLBTI) vivieron en el entorno familiar. En este espacio, el 70,9% de esta población asegura haber experimentado discriminación, según una investigación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Comisión de Transición (CDT), cuyos resultados fueron presentados este mes.
Se trata de la primera investigación sobre condiciones de vida, inclusión social y derechos humanos de la población GLBTI. Abarcó entrevistas a 2.805 personas de este grupo en Quito, Guayaquil, Portoviejo, Machala, Babahoyo, Ibarra, Santa Elena, Salinas, La Libertad y Manta, bajo una metodología de referencia entre unos y otros, conocida como bola de nieve.
Lía Burbano, especialista en información estratégica de la CDT, explica que la investigación no buscaba determinar la población GLBTI existente en Ecuador sino dar cuenta de una realidad particular que puede ser extrapolada a todo el país.
De los que reportaron haber vivido alguna experiencia de discriminación en el entorno familiar, un 72,1% dijo haber sufrido algún tipo de control; un 74,1%, imposición; un 65,9%, rechazo; y, un 61,4%, violencia.
Pese a los avances, como la despenalización de la homosexualidad en 1997 y la inclusión en la Constitución del 2008 del derecho a la no discriminación por identidad de género u orientación sexual, estos no han ido de la mano con los patrones sociales. “La sociedad desconoce en su esencia esta normativa legal o simple y llanamente las permite dentro de sus prácticas”, dice Burbano.
La exclusión que viven los GLBTI es más fuerte en los espacios privados, con el 71,4%. En la casa el nivel de rechazo es más alto de parte del padre, con el 13%, frente al 9% de la madre y el 5% de los hermanos. La violencia y la discriminación, en cambio, ocurren más en los espacios públicos, con un 65,6% y 55,8%, respectivamente.
Hace tres meses, la Defensoría del Pueblo intervino en un caso de discriminación denunciado por una pareja homosexual que fue sacada de un centro comercial de Guayaquil por ir tomada de la mano. Su principal en Guayas, María José Fernández, cuenta que se abrió un expediente, que incluyó disculpas a los afectados, y se capacitó a los empleados del lugar.
Este año la Defensoría intervino también en el cierre de al menos cinco clínicas de tratamiento de adicciones, en las que se vulneraban derechos y se internaba gente por otros motivos, como su orientación sexual e incluso por infidelidad.
La investigación de la población GLBTI también indaga en el estado civil y la familia, un tema que volvió al debate luego de que a Pamela Troya y Gabriela Correa, una pareja que convive desde hace más de dos años, no se les permitió casarse en el Registro Civil en Quito, el pasado 5 de agosto.
De los encuestados, un 77% es soltero (no se preguntó si quisieran casarse), un 2,4% está casado y un 1,2% tiene una unión de hecho homosexual registrada en notaría, derecho establecido en la Constitución. Un 10,4% tiene hijos y un 45,2% ha considerado ser padre o madre.
Troya impulsa con la Red Diversidad una campaña por el matrimonio civil igualitario. Dice que no poder acceder a esta institución como los heterosexuales los pone en condición de “ciudadanos de segunda” y que hoy la unión de hecho está bajo la discrecionalidad del notario.
En mayo del 2012, Silvia Buendía, abogada y activista por los derechos de los GLBTI, hizo un muestreo en 30 notarías de Guayaquil para legalizar una unión de hecho entre mujeres; en 23 le dijeron que no.
Otro problema, dice Troya, es que la unión de hecho no se valida en las instituciones. Rosita Paredes, funcionaria pública, quiso hacer extensivo el beneficio de salud del IESS a su pareja, Gabriela León, con quien tiene una unión de hecho hace tres años, pero el sistema no se lo permitía. Pugnaron tres meses para que la entidad acceda.
Según la investigación del INEC y la CDT, el 40,6% de la población tiene al menos un año de instrucción superior, el 94,5% está empleado y de estos el 45,6% recibe hasta dos salarios básicos. Trabajan (49,5%) en servicios o son vendedores de comercios y mercados.
Diane Rodríguez, presidenta de la Asociación Silueta X, explica que esa cifra no refleja el caso de los trans, ya que los datos no se presentaron desagregados. “Un gay puede burlar si cabe el calificativo al sistema discriminatorio, pero la población trans es una etiqueta ambulante, entonces está en desventaja y la hace más vulnerable”, dice.
Una investigación de Silueta X entre 759 personas de la población trans hecha en el 2012 revela que más de la mitad no ha terminado el bachillerato y un 6% tiene estudios universitarios. Gran parte trabaja en peluquerías, propiedad de otras trans.
Carlos Isaías Álvarez, coordinador del Observatorio Ciudadano GLBTI, confía en que esta primera investigación sea una herramienta para crear políticas contra la discriminación.
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The exclusion of GLBTI is stronger in private.
A few stopped to talk, they were excluded from family gatherings, denied resources to study or even expelled from their homes. To others, they laid go to a psychiatrist, priest or pastor or forced them to have a partner to «cure» them of their sexual orientation.
A Caesar, who prefers to keep his real name in reserve, his parents ignored him for months, stopped to help him to buy an apartment and said they preferred to have died before knowing his son was gay 31. A Mario, now 29 years old, his parents took him to a psychological therapy cheated and left him in a rehabilitation clinic, where he was immersed in a tub of ice cubes as therapy to «fight» their homosexuality. Month and a half later he was taken under the promise that he would stop being gay. Eleven years later remains focused.
The cases show different forms of control, rejection, violence imposition or Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender, Transsexual and Intersex (GLBTI) lived in the family. In this area, 70.9% of the population claims to have experienced discrimination, according to research from the National Institute of Statistics and Census (INEC) and the Commission of Transition (CDT), whose results were presented this month.
This is the first research on living conditions, social inclusion and human rights of LGBTI people. Encompassed interviewing 2,805 people in this group in Quito, Guayaquil, Portoviejo Machala Babahoyo Ibarra, Santa Elena, Salinas, La Libertad and Blanket, under a reference methodology between them known as snowball.
Of those who reported having experienced some discrimination in the family, 72.1% said they had suffered some type of control, a 74.1% tax, a 65.9% rejection, and, 61.4 % violence.
Despite the progress, such as the decriminalization of homosexuality in 1997 and the inclusion in the Constitution of 2008 of the right to non-discrimination based on gender identity or sexual orientation, they have not gone hand in hand with social patterns. «Society is unknown in its essence legislation or just plain allows them within their practices,» says Burbano.
Three months ago, the Ombudsman’s Office intervened in a case of alleged discrimination by a homosexual couple that was taken from a shopping center in Guayaquil to go holding hands. His main Guayas, Maria Jose Fernandez, who has opened a file that included apologies to the victims, and trained employees of the place.
The GLBTI population research also investigates civil status and family, an issue that came to the debate after Pamela Troy and Gabriela Correa, a couple that lives for more than two years , were not allowed to marry in the Registry Office in Quito , on August 5 .
Of the respondents , 77% are single (not asked if they wanted to marry) , 2.4% married and 1.2 % are actually homosexual union registered in notary law established by the Constitution . 10.4% have children and 45.2 % had considered to be a parent .
Troy Diversity Network drives with a campaign for equal civil marriage . He says he does not have access to this institution as heterosexuals put them in condition » second class citizens » and that the union in fact today is under the discretion of the notary.
Another problem, says Troy, the union is not in fact valid in institutions. Rosita Paredes, public official, wanted to extend the IESS health benefit your partner, Gabriela Leon, who has a law marriage three years ago, but the system will not allow it. Three months struggled to access entity.
According to research by INEC and the CDT, 40.6% of the population has at least one year of higher education, 94.5% are employed and of these, 45.6% receive up to two basic wages. Work (49.5%) or are selling services and market sales.
An investigation of Silueta X between 759 trans population made in 2012 revealed that more than half have not graduated from high school and 6% have college degrees. Much work in salons, owned by other trans.
Isaiah Carlos Alvarez, coordinator of GLBTI Citizen Observatory, is confident that this first investigation is a tool for creating anti-discrimination policies.
Asociación Silueta X en Guayaquil y Quito Ecuador 