La Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+ celebra y respalda la reciente resolución emitida por la Corte Constitucional, mediante la cual se cierra la posibilidad de eliminar a las personas privadas de libertad (PPL) del grupo de atención prioritaria, como lo planteó el presidente de la República, Daniel Noboa, el pasado 6 de noviembre de 2024.

Felicitamos a la Corte Constitucional, como organismo competente y garante del respeto a la Constitución, por su decisión firme y oportuna. La resolución reafirma el compromiso del Estado ecuatoriano con la protección y defensa de los derechos humanos, al declarar que la propuesta presidencial no puede ser tramitada mediante reforma parcial, ya que vulnera principios fundamentales como la prohibición de restricción y regresividad de derechos, establecidos en los artículos 11 y 84 de la Constitución.

El artículo 35 de la Constitución reconoce a grupos de atención prioritaria, entre ellos personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas y, de manera crucial, a las personas privadas de libertad. La protección de estos grupos no es negociable, pues garantiza que reciban atención prioritaria y especializada, tanto en el ámbito público como privado, en condiciones dignas y justas.

Esta resolución cobra especial relevancia para la población LGBT+ privada de libertad, quienes enfrentan situaciones de extrema vulnerabilidad dentro del sistema penitenciario ecuatoriano. Las personas LGBT+ encarceladas son víctimas constantes de discriminación, violencia, torturas y abusos sexuales, además de ser excluidas de programas de rehabilitación e inserción social. La falta de protección y seguridad para este grupo prioritario ha sido documentada tanto a nivel nacional como internacional, evidenciando la necesidad urgente de garantizar sus derechos y condiciones dignas de vida.

La Corte Constitucional ha recordado que los cambios constitucionales deben responder a modificaciones sistémicas y no a intereses políticos coyunturales. Esta decisión fortalece el sistema jurídico ecuatoriano y envía un mensaje claro sobre la importancia de respetar los derechos fundamentales, especialmente en contextos de vulnerabilidad, como el que enfrentan las personas privadas de libertad, entre ellas miembros de la comunidad LGBT+.

¡Los derechos no se negocian ni se retroceden!

Guayaquil, martes 17 de diciembre del 2024

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