COMUNICADO OI-98J

D.M. de Quito, 09 de abril de 2026

EL REGISTRO CIVIL DECLARÓ LEGAL EL CAMBIO DE GÉNERO DEL ALCALDE DE PUJILÍ: LO QUE DENUNCIAMOS EN 2025

Un sistema que frena a las personas trans y abre las puertas a los cis (Heteros y Homos) quienes usan la ley como escudo abusando de nuestras identidades trans

Cuando ayer, 8 de abril de 2026, el Ministro del Interior John Reimberg publicó en sus redes sociales las fotografías de los 61 reclusos trasladados a la Cárcel La Roca, de máxima seguridad, volvió a la memoria del Ecuador el nombre de José Arroyo Cabrera, alcalde de Pujilí: el funcionario público que en octubre de 2024 —un año después de asumir el poder y en plena investigación por presunto peculado— modificó el campo de sexo en su cédula de identidad a «mujer», sin cambiar sus nombres, sin evidencia alguna de identidad de género trans, y sin haber declarado jamás ser una persona trans. Por eso, cuando en agosto de 2025 fue detenido por el caso Ornato Municipal, fue recluido en un centro penitenciario femenino.

Hoy, mientras está en La Roca —la cárcel de máxima seguridad de Ecuador—, ese hecho vuelve a recorrer las pantallas del país. Y nuestra respuesta también debe volver, más fuerte y con más evidencia que antes. Volvemos a denunciar porque es costumbre de las personas cis tanto heteros como las personas cis LGBQ (con sus honrosas excepciones), usar e instrumentalizar no solo nuestras identidades para sus fines personales, sino para fines politiqueros. De hecho, fundaciones lideradas por personas cis tanto hetero como LGBQ, hasta fecha acostumbran a usar nuestras identidades trans precarizadas, para justificar sus “proyectos sociales”.

Lo que el Registro Civil nos respondió: el problema no es la ilegalidad, es el sistema

En agosto de 2025, exigimos formalmente al Registro Civil una investigación. El 1 de octubre de 2025, mediante Oficio DIGERCIC-DICM-2025-0111-O, la institución nos respondió, a través del Informe DICM 2025-052, que el cambio de sexo de Arroyo Cabrera «se registró de conformidad a la normativa legal vigente».

Esa respuesta no es una exoneración. Es la radiografía de un sistema roto. El Registro Civil confirmó que la ley, tal como está redactada, permite que cualquier persona cisgénero —sin identidad trans, sin transición, sin ni siquiera cambiar su nombre— acceda a una modificación registral que fue conquistada con más de una década de lucha por la comunidad trans del Ecuador.

Ese mismo sistema, sin embargo, ha documentado trabas sistemáticas para personas trans visibles que intentan ejercer este derecho: demoras, negaciones, exigencias arbitrarias que no constan en ninguna norma. Las personas trans esperan meses. Un alcalde investigado lo hizo en días.

Un patrón, no un caso aislado

El caso de Arroyo no es el primero. En 2023 denunciamos el caso de René Salinas Ramos, quien modificó su marcador de género para obtener ventajas en una disputa de custodia, según él mismo reconoció públicamente. Ambos son hombres que se identifican como cisgénero —uno declarado gay, el otro heterosexual— y ambos acudieron al Registro Civil no para ejercer su identidad de género, sino para obtener un beneficio procesal. Este marzo de 2026, una mujer que hoy tiene una pugna en la corte constitucional busca reversar su cambio de género, la misma que ha declarado públicamente, que lo hizo por presión, y no porque realmente sea una persona trans.

Esto no es identidad de género. Esto es instrumentalización de una ley de derechos humanos.

Entendemos que hay quienes argumentan razones personales, incluso dolorosas. No somos jueces de ninguna historia de vida. Pero ningún trauma, ninguna circunstancia personal, justifica el uso de un derecho ajeno como herramienta procesal, especialmente cuando ese derecho le ha costado sangre, exclusión y años de lucha a nuestras identidades trans.

Lo que exigimos

1. Que la Dirección Nacional del Registro Civil implemente protocolos de acceso equitativo que eliminen las trabas documentadas contra personas trans, garantizando los mismos plazos y criterios para todas las solicitudes.
2. Que la Defensoría del Pueblo active una investigación sobre la aplicación desigual de la normativa registral entre personas trans y personas cisgénero (los casos descritos).
3. Que la Corte Constitucional, en el marco de sus competencias, emita orientaciones interpretativas que reafirmen el espíritu de protección de la identidad trans como finalidad primaria de la norma.

Nuestra posición es clara

Defendemos el derecho a la rectificación registral de género y sexo sin patologización, sin requisitos médicos, con plena autodeterminación. Ese es un derecho humano que esta organización y nuestros aliados, ayudaron a construir. En mucho de los casos, poniendo el pecho a las “b4l4s”, mientras hoy muchos gozan de nuestras conquistas legales.

Pero defender un derecho también significa protegerlo del uso que lo vacía de sentido. La comunidad trans no puede seguir siendo la que paga el precio político del abuso de personas que jamás han vivido la discriminación, para lo que esta ley, fue diseñada para remediar.

Ante los abusos cis: No callamos en 2023. No callamos en 2025. No callamos hoy, 2026.

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