En 2026, India abrió nuevamente un debate que parecía encaminado hacia una mayor protección de la autonomía personal. Una reforma legal modificó las reglas para el reconocimiento de las personas trans, redujo el espacio de la autodeterminación e incorporó nuevamente instancias médicas dentro del procedimiento.

Ecuador se encuentra hoy en una posición distinta.

Nuestra legislación permite a las personas adultas solicitar la modificación registral de sexo o género mediante una declaración expresa de voluntad y prohíbe que ese derecho dependa de diagnósticos, cirugías, tratamientos hormonales o evaluaciones psicológicas.

Esta diferencia convierte a ambos países en un caso especialmente útil para analizar qué ocurre cuando dos Estados responden de maneras opuestas a una misma pregunta: ¿debe la identidad ser demostrada ante una autoridad o reconocida a partir de la decisión de la propia persona?

1. India había construido un precedente internacional importante

Para comprender la relevancia de lo que ocurre actualmente, debemos regresar a 2014.

Ese año, la Corte Suprema de India dictó la histórica sentencia National Legal Services Authority v. Union of India, conocida como NALSA.

La decisión fue importante porque vinculó la identidad de género con derechos constitucionales como la dignidad, la autonomía y la libertad individual.

La Corte reconoció que las personas trans debían poder ser identificadas jurídicamente de acuerdo con su propia identidad, incluyendo las categorías de hombre, mujer o tercer género.

Cinco años después, la Transgender Persons (Protection of Rights) Act de 2019 incorporó expresamente el derecho a la identidad de género autopercibida.

2. La reforma de 2026 cambia el rumbo

La Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act, 2026, sancionada el 30 de marzo y vigente desde el 25 de mayo de 2026, modificó elementos esenciales del sistema anterior.

Esto supone algo más que una reforma procedimental.

Desde una perspectiva de derechos humanos, significa trasladar nuevamente parte de la decisión desde la persona hacia profesionales, juntas administrativas y autoridades estatales.

La medicina puede ser fundamental para muchas personas trans cuando se trata de salud, acompañamiento hormonal, intervenciones quirúrgicas o bienestar.

Pero una cosa es acceder voluntariamente a servicios médicos y otra muy distinta es que el reconocimiento jurídico de la identidad dependa de ellos.

3. La Corte Suprema deberá decidir si este retroceso es constitucional

La reforma ha sido cuestionada ante la Corte Suprema de India mediante varios procesos constitucionales.

Entre los puntos centrales se encuentra la posible contradicción entre las nuevas reglas y los derechos a la igualdad, autonomía, dignidad y libertad previamente reconocidos por la propia Corte.

Dentro de estos procesos apareció otro problema particularmente delicado: ¿qué ocurrirá con las personas que ya habían obtenido sus documentos bajo el sistema anterior?

El 17 de agosto de 2026, el Gobierno central informó ante la Corte Suprema que las tarjetas de identidad trans expedidas con anterioridad a la reforma seguirán siendo válidas.

4. ¿Puede una ley nueva volver incierta una identidad que el Estado ya reconoció?

Este es posiblemente uno de los aspectos jurídicos más interesantes del caso.

Cuando el Estado reconoce una identidad y expide documentos a partir de ella, la persona comienza a construir múltiples relaciones jurídicas sobre esa base.

Puede estudiar, firmar contratos, abrir cuentas bancarias, trabajar, viajar, acceder a servicios sanitarios y realizar cientos de trámites utilizando esa documentación.

Por eso una reforma posterior no puede analizarse únicamente como una nueva regla administrativa.

También debe examinarse desde principios como la seguridad jurídica, la confianza legítima y la protección de situaciones jurídicas consolidadas.

5. Ecuador recorrió el camino contrario

Mientras India introduce nuevas instancias de comprobación, Ecuador ha avanzado hacia un procedimiento basado principalmente en la autodeterminación.

Nuestra Constitución ofrece una base particularmente importante.

El artículo 11 numeral 2 prohíbe expresamente la discriminación por sexo e identidad de género.

El artículo 66 reconoce, además, derechos relacionados con el libre desarrollo de la personalidad y la identidad.

A este marco constitucional se suman la jurisprudencia nacional y los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la Opinión Consultiva OC-24/17.

6. Una particularidad ecuatoriana: nuestra legislación habla de sexo y de género

Existe una confusión frecuente al explicar la normativa ecuatoriana.

Todavía muchas personas afirman que en Ecuador únicamente puede realizarse un “cambio de género”.

La legislación vigente es más amplia: actualmente existen mecanismos relacionados tanto con la rectificación de sexo como con el género.

7. La reforma ecuatoriana de 2024 cambió una regla esencial

La reforma a la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, publicada el 13 de marzo de 2024, modificó el artículo 94.

Desde entonces, una persona mayor de edad puede solicitar, por una sola vez, la rectificación de la mención de sexo o género mediante una declaración expresa de voluntad.

El punto jurídicamente más relevante es lo que la ley ya no permite exigir.

Es decir, en Ecuador una persona no necesita transformar su cuerpo para que el Estado reconozca jurídicamente su identidad.

Este principio se encuentra mucho más próximo al estándar interamericano desarrollado por la Corte IDH, según el cual el reconocimiento debe descansar en el consentimiento libre e informado de la persona y no en la demostración médica de su identidad.

8. Dos países, dos respuestas frente a la autonomía trans

9. Esto no significa que Ecuador haya resuelto todos los problemas

Sería un error utilizar la comparación con India para presentar a Ecuador como un sistema perfecto.

Nuestro ordenamiento todavía mantiene desafíos importantes.

10. Una mala ley de identidad puede acompañar a una persona durante toda su vida

La identidad jurídica tiene efectos mucho más amplios que los puramente registrales.

Cuando los documentos de una persona trans no corresponden con su identidad, cualquier trámite cotidiano puede convertirse en una exposición involuntaria.

Puede ocurrir frente a una institución bancaria, una universidad, un hospital, una empresa, una autoridad migratoria o incluso al momento de abordar un avión.

Por ello, las políticas de reconocimiento también tienen consecuencias sobre privacidad, seguridad, discriminación, dignidad y salud mental.

11. El Estado debe reconocer identidades, no examinarlas

Como abogada y mujer trans, considero que esta comparación revela un problema que trasciende a India y Ecuador.

Durante décadas, muchos Estados construyeron procedimientos en los que las personas trans debían demostrar ante médicos, psicólogos, jueces o funcionarios que su identidad era suficientemente legítima.

Ese enfoque parte de una premisa equivocada: que la persona necesita autorización para ser reconocida como quien es.

Una legislación basada en derechos humanos debería invertir esa lógica.

El punto de partida debe ser la autonomía de la persona. La función del Estado debe limitarse a ofrecer un mecanismo seguro, accesible, confidencial y eficiente para que esa identidad tenga efectos jurídicos.

La pregunta correcta no es “¿cómo demuestra una persona que es trans?”, sino “¿qué debe hacer el Estado para respetar su identidad?”.

12. India también deja una advertencia para América Latina

Uno de los aprendizajes más importantes del caso es que ninguna conquista jurídica debe considerarse irreversible.

India había construido una importante jurisprudencia alrededor de la autodeterminación y posteriormente incorporó ese principio dentro de su legislación.

En 2026, el legislador decidió modificar nuevamente ese camino.

Para Ecuador y América Latina esto debería funcionar como una alerta.

Los avances legales necesitan ser acompañados por tribunales independientes, organizaciones sociales fortalecidas, litigio estratégico, vigilancia ciudadana y mecanismos internacionales de derechos humanos.

13. Dos caminos jurídicos y una decisión de fondo

India y Ecuador muestran hoy dos tendencias diferentes.

Una amplía nuevamente la participación de autoridades y estructuras médicas dentro del reconocimiento.

La otra permite que una persona adulta solicite la rectificación de sexo o género desde su propia declaración y sin tener que presentar su cuerpo como evidencia.

Ecuador todavía debe solucionar importantes vacíos, pero hay un principio de nuestra legislación vigente que merece ser defendido: la identidad no necesita un diagnóstico.

El resultado de los procesos que actualmente analiza la Corte Suprema de India será relevante mucho más allá de sus fronteras.

Porque cuando un Estado comienza nuevamente a exigir pruebas para reconocer una identidad, lo que realmente está colocando bajo examen es la autonomía de la persona.