ASOCIACIÓN SILUETA X · PROTECCIÓN COMUNITARIA
Personas trans ante deportaciones a terceros países: cómo documentar el riesgo y buscar protección
Un destino diferente al país de origen no garantiza seguridad. Estas son las preguntas que deben examinarse antes del traslado.
Guía de derechos
Lo que deben saber las personas afectadas
Human Rights Watch informó el 8 de octubre de 2026 sobre 536 expulsiones desde Estados Unidos a países africanos diferentes del país de origen de las personas. Identificó al menos doce personas LGBT enviadas a Estados con leyes que criminalizan ciertas relaciones o expresiones afectivas del mismo sexo. Algunas contaban con protección judicial para no regresar a su país de origen. El caso de Daniela Fuentes, mujer trans cubana deportada a la República Centroafricana, fue narrado separadamente por Associated Press: no se ha establecido que tuviera una orden semejante.
Por qué el riesgo trans exige preguntas distintas
Un informe país que sirva para evaluar seguridad debe estudiar no solamente las normas escritas, sino también su cumplimiento. Para una persona trans son decisivos los documentos que reflejen su identidad, la seguridad en centros de detención y albergues, los riesgos de violencia policial, la continuidad de tratamientos médicos, el derecho a expresarse sin ocultamiento forzado y el acceso real a un procedimiento de refugio.
Cinco preguntas para un informe país
- ¿Qué leyes y prácticas afectan a las personas trans en el destino?
- ¿Hay garantías verificables de vivienda, documentación y salud?
- ¿Se puede pedir protección internacional con seguridad y asistencia jurídica?
- ¿Existe peligro de traslado posterior al país donde se teme persecución?
- ¿Hubo aviso suficiente y oportunidad efectiva para presentar pruebas antes de la deportación?
Qué es la no devolución
El principio de no devolución o non-refoulement prohíbe transferir a alguien a ciertos riesgos graves de persecución o tortura, también cuando la amenaza procede de una cadena de deportaciones entre varios países. No toda remoción a un tercer Estado es ilegal. Lo que debe evitarse es ejecutar traslados sin examinar, individualmente y a tiempo, los daños previsibles. El artículo 3 de la Convención contra la Tortura, la Convención sobre Refugiados y las Directrices 9 del ACNUR son referencias centrales.
Recomendaciones para familias y redes de apoyo
- Guardar, con consentimiento, copia de decisiones judiciales, citaciones, datos del abogado y comunicaciones sobre el país propuesto de destino.
- No divulgar la condición migratoria ni la identidad de género de nadie sin autorización.
- Solicitar valoración urgente de profesionales autorizados en la jurisdicción donde se tramita la expulsión.
- Documentar riesgos específicos del destino con fuentes oficiales, jurisprudencia y testimonios corroborables.
- Examinar con el equipo jurídico si la comunicación con autoridades del país de origen podría afectar una solicitud de protección frente a ese mismo Estado.
La dimensión ecuatoriana
Según información citada por HRW y medios ecuatorianos, tres ecuatorianos fueron trasladados a la República Democrática del Congo en abril de 2026. Ecuador reconoce el derecho de asilo y el principio de no devolución en su Constitución y Ley Orgánica de Movilidad Humana. El acuerdo de noviembre de 2025 para una eventual recepción de migrantes de terceros países plantea nuevas exigencias de transparencia, evaluación de riesgo y acompañamiento sin discriminación.
Preguntas frecuentes
¿Una orden de protección frente a mi país impide cualquier deportación?
No necesariamente. Determinadas protecciones son específicas del país respecto del cual se evaluó el riesgo; otro destino debe examinarse por separado.
¿Se puede exigir que una persona trans oculte su identidad?
Las directrices del ACNUR rechazan que el ocultamiento de identidad sea sustituto adecuado de protección frente a la persecución.
Fuentes y alcance
Human Rights Watch, informe «To Scare People» (8 octubre 2026); Associated Press, reportaje de Mark Banchereau sobre Daniela Fuentes (8 octubre 2026); ACNUR, Directrices de Protección Internacional núm. 9 (2012); Convención contra la Tortura, art. 3; Constitución del Ecuador, arts. 11, 41 y 66. Para el desarrollo académico completo del tema, consultar el análisis de Diane Rodríguez.
