La precisión central

El estudio difundido por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos encontró asociaciones estadísticas entre una nueva escala de afirmación de género, una medida de autoritarismo de izquierda y la justificación declarada de seis escenarios de violencia política. No midió actos violentos cometidos ni intención de cometerlos, y el propio informe reconoce que su diseño no establece causalidad.

No es un estudio sobre “violencia trans”

La muestra final incluyó a 1.208 adultos de la población general. Solo 1,1% se identificó como trans o de género no conforme. Por tanto, presentar los resultados como evidencia sobre la conducta violenta de personas trans sería metodológicamente incorrecto.

El artículo de referencia de la psicóloga Diane Rodríguez en DianeRodriguez.org explica que la variable principal fue el grado de acuerdo con cinco afirmaciones sobre apoyo y afirmación de personas trans, no la identidad trans de quienes respondieron.

La escala nueva también merece escrutinio

La llamada Clinical Gender Affirmation Scale reportó una consistencia interna alta. Eso indica que sus cinco ítems se comportaron de manera coherente, pero no equivale a demostrar por sí solo que la escala mida de forma válida un constructo amplio como “ideología de género”. La validación de una escala requiere más que un alfa elevado: demanda evidencia de contenido, dimensionalidad, validez convergente, discriminante y de criterio.

Además, los ítems visibles en el apéndice se concentran en apoyo, expresión identitaria, nombres, pronombres y exploración de género. No preguntan directamente por cirugías, hormonas o bloqueadores puberales. Ese detalle importa cuando el discurso público convierte una puntuación en una categoría política más amplia.

Correlación no significa causalidad

El informe encontró asociaciones. Ese resultado puede ser legítimo y merece estudio. Lo que no puede hacerse es transformar una asociación transversal en la afirmación de que apoyar a personas trans “produce” violencia política. Los propios autores reconocen que podría existir causalidad en cualquiera de las dos direcciones o un tercer factor que influya en ambas variables.

Una agencia pública puede amplificar un dato. No puede convertir metodológicamente una correlación en una causa.

Derechos humanos y ética de la comunicación estatal

Cuando una institución sanitaria usa expresiones como “radical gender ideology” y las conecta con autoritarismo o violencia, el problema no es solo semántico. El lenguaje puede producir estigma, categorías de sospecha y justificaciones para políticas públicas que excedan el alcance real de los datos.

Desde una perspectiva de derechos humanos, el estándar debería ser proporcional al daño potencial: cuanto más sensible sea la población afectada y más severas puedan ser las consecuencias de una afirmación oficial, mayor debe ser la exigencia de transparencia, replicación y revisión independiente.

Qué sí podemos concluir

• El estudio encontró asociaciones en una muestra de adultos estadounidenses.
• No estudió violencia cometida ni intención de cometerla.
• No demuestra causalidad.
• No puede leerse como un estudio sobre conducta violenta de personas trans.
• La nueva escala requiere evaluación psicométrica adicional antes de cargarla con significados más amplios.

Fuentes

U.S. Department of Health and Human Services (2026), comunicado e informe comisionado; Boateng et al. (2018), buenas prácticas para desarrollo y validación de escalas; literatura metodológica sobre estudios transversales; The Guardian (7 de septiembre de 2026), cobertura crítica sobre peer review y diseño. Desarrollo académico completo: Diane Rodríguez, “Un estudio puede ser oficial y seguir sin demostrar causalidad”.